Morena y el padrón que California esconde: una diáspora que quiere convertir en fuerza política contra Trump.

California tiene 914 mil registros más que ciudadanos que pueden votar. Washington quiere ver la lista. Morena trabaja la suya.

El dato: En 2022 California reportó un padrón de 26,942,532 registros. Ese mismo año tenía 26,028,290 ciudadanos en edad de votar. Son 914,242 registros más que personas que pueden votar: 103.5 por cada 100. Lo dice la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, no un activista.

La demanda: En 2025 el Departamento de Justicia pidió ver el padrón completo. California dijo que no y un juez federal le dio la razón. El 15 de octubre el gobierno volvió a demandar, ahora con una lista: más de 20 mil personas que, según Seguridad Nacional, probablemente no son ciudadanas y están inscritas para votar. Muchas con domicilio en el condado de Los Ángeles.

Lo que sí se explica: Casi cinco millones de esos registros están inactivos. Siguen en la lista, pero por ley no reciben boleta. El problema de fondo es otro: desde afuera nadie puede auditar quién está en la lista activa.

Lo que digo: Mientras Washington pelea por el padrón de California, Morena trabaja el suyo: el de la diáspora.

Nadie en el INE conoce al chofer de Taddei. Cobra 45 mil 765 pesos al mes con nivel de jefe de departamento.

El chofer que nadie ve: Funcionarios y personal de seguridad del INE dicen que Jonathan Navarrete Torres no se presenta en el instituto. El lunes, en el estacionamiento estaba la camioneta de la presidenta Guadalupe Taddei. El chofer no apareció. Según esos funcionarios, quien acompaña siempre a Taddei es un colaborador al que llaman "Luis", y entre los choferes de la Presidencia no aparece ningún Luis.

El secretario ejecutivo: Roberto Félix dijo desconocer que ese chofer trabajara ahí y que pediría un informe a la Dirección de Administración. Félix fue secretario ejecutivo del instituto electoral de Sonora de 2014 a 2020.

El sueldo: Según su declaración patrimonial gana 45,765 pesos al mes y tiene el nivel LC4 del tabulador, que corresponde a un jefe de departamento. Un chofer del INE gana alrededor de 30 mil pesos.

Lo que respondió: A la pregunta de si participó en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos dos años, contestó "ninguno". Lo mismo a si tenía una posición de toma de decisiones. Desde junio de 2023 es apoderado de Corporativo Zeg para pleitos y cobranzas, con facultades para decidir ante terceros.

Lo que sigue: Faltar a la verdad en la declaración patrimonial para ocultar un conflicto de interés puede ser falta grave bajo el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En Estados Unidos, es una pieza nueva para la revisión que pedí al Tesoro y al FBI.

Lo juzgaron. Lo absolvieron. Ordenaron liberarlo. Y sigue encarcelado por órdenes de Citlalli Hernández.

PRIMER ACTO. Acusan al exdiputado del PRI y ciudadano estadounidense Juan Antonio Vera Carrizal de ordenar el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos en 2019.

SEGUNDO ACTO. Después de un juicio completo, el 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño lo declara inocente de tentativa de feminicidio, junto con otros dos acusados, y ordena su libertad.

TERCER ACTO. Esa misma noche, otra jueza del MISMO nivel, María Antonia Esteva Domínguez, deja sin efecto la absolución y ordena repetir todo el juicio porque ella no estuvo presente en la audiencia!

El juez que absolvió es suspendido!

CUARTO ACTO. AQUÍ ESTÁ LA ILEGALIDAD. La Fiscalía anuncia que apelará, pero ningún tribunal de apelación revoca la absolución.

Una jueza del mismo nivel ANULA una sentencia absolutoria sin que un tribunal superior la haya revocado, lo cual es una locura constitucional porque solo un juez superior puede anular una sentencia de un juez inferior.

QUINTO ACTO. María Elena Ríos, se convierte en candidata suplente a diputada federal por Morena en 2024. En mayo de 2026 publica una fotografía con la ministra Yasmín Esquivel.

SEXTO ACTO. Los tribunales colegiados determinan que Juan Antonio Vera Carrizal debe quedar en libertad. Pero la sentencia no se cumple y continúa encarcelado!

SÉPTIMO ACTO. A Citlalli Hernández - pareja sentimental de María Elena Rios- no le gusta esa resolución e interviene para solicitar que la Suprema Corte atraiga el caso, con el propósito de impedir su liberación y mantener un procedimiento que considero contrario a la Constitución.

OCTAVO ACTO. En mayo, la Suprema Corte había rechazado atraer los amparos. El 19 de octubre cambia de posición por orden de Citlali y, por siete votos contra uno, atrae cinco amparos a solicitud de Hugo Aguilar y Loretta Ortiz. María Estela Ríos vota en contra y Sara Irene Herrerías se excusa.

NOVENO ACTO. El artículo 23 constitucional prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito cuando existe una absolución firme. El artículo 107 permite atraer amparos, pero no sustituir una apelación inexistente ni desconocer las garantías constitucionales.

ACTO FINAL.

Más de cuatro años en prisión preventiva. Un juicio completo. Una sentencia absolutoria. Una orden de libertad. Y sigue encarcelado!

Está es la ley en México

Lo juzgaron. Lo absolvieron. Ordenaron liberarlo.

Pero como no les gustó el resultado, dejaron sin efecto la absolución y ordenaron repetir completamente el juicio.

Ahora denuncio que, ante las resoluciones favorables a su libertad, se promovió la intervención de la Suprema Corte para mantenerlo encarcelado.

¿Entienden la gravedad? Un ciudadano estadounidense lleva más de cuatro años privado de la libertad y continúa en prisión después de haber sido absuelto.

En México, ¿una sentencia absolutoria vale menos que la voluntad de un político?

Simón Levy

Jáuregui ya está en el Altiplano por traición a la patria. Y la DEA dijo que a Kiki Camarena lo mató la corrupción de las autoridades mexicanas.

Lo que pasó: El domingo 18 un juez de Chihuahua le negó la prisión preventiva al exfiscal César Jáuregui en el caso estatal, con la obligación de entregar su pasaporte y su visa de Estados Unidos. Minutos después la FGR le cumplió una orden federal por traición a la patria y lo llevó al penal del Altiplano.

La acusación: Según la fiscal general Ernestina Godoy, Jáuregui ordenó y coordinó el operativo de abril en El Pinal, donde extranjeros sin autorización participaron en tareas federales. Murieron cuatro personas, dos de ellas estadounidenses que después se supo eran agentes de la CIA. Jáuregui lo niega: "Ni una orden, ni un WhatsApp".

La DEA: El lunes 19, en Pensilvania, el administrador de la DEA, Terry Cole, recordó a Enrique Camarena como "un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas".

Lo que digo: Esta declaración surge a horas de la detención del exfiscal de Chihuahua, Jáuregui. I told you.

Sheinbaum gana tiempo: refinanció 238 mil millones y mandó pagos hasta 2047. Más de la mitad vencía en 2027.

Lo que hizo Hacienda: El lunes 19 de octubre la Secretaría de Hacienda anunció su sexta operación de refinanciamiento del año en el mercado local, por 238,153 millones de pesos. Recompró Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos que vencían entre 2026 y 2043, y los cambió por bonos que vencen entre 2027 y 2047. El plazo promedio de esa deuda se alargó 2.9 años.

Lo que vencía: 18,823 millones en 2026, 123,910 millones en 2027, 44,094 millones en 2028 y 51,326 millones en años posteriores.

La cuenta: 186,827 millones de lo refinanciado vencían entre 2026 y 2028. De cada 100 pesos, 52 vencían en 2027, el año de la elección intermedia. El último vencimiento nuevo cae en 2047, diecisiete años después de que termina este sexenio.

Lo que no dice Hacienda: Hacienda dice que la operación fortalece el portafolio y da más liquidez al mercado. No reduce un solo peso de deuda: el saldo es el mismo, con otras fechas. Y no informó a qué tasa colocó los bonos nuevos.

El contexto: Llega días después de que bajaron la calificación crediticia de México y de que se aprobó un paquete 2027 con 1.6 billones de pesos solo en intereses.

El Tesoro borró a Patraca de la lista negra. Las catorce empresas del mismo expediente siguen bloqueadas.

El problema, en palabras simples. Estados Unidos tiene una lista de personas y empresas con las que ningún banco ni ninguna empresa estadounidense puede hacer negocios. Se llama lista SDN. Entrar a esa lista es una decisión administrativa del Tesoro. Salir también. Lo que casi nadie mira es la puerta de salida.

Lo que pasó hoy. El Federal Register, que es el diario oficial de Estados Unidos, publicó el aviso 2026-21423. Retira doce registros de la lista: cuatro personas, cinco empresas y tres barcos. Dos de esos registros son mexicanos y los dos estaban en programas de narcotráfico.

El primero. PATRACA, S.A. DE C.V., también listada como BOUTIQUE PATRACA, con RFC PAT040318GF7. OFAC publicó para ella trece domicilios, todos en Culiacán, Sinaloa: la calle Benito Juárez 302 en el Centro, la avenida Álvaro Obregón 1800 en Colinas de San Miguel, y una serie de locales en la Plaza Patraca del Proyecto Urbano Tres Ríos. La decisión se tomó el 30 de septiembre. Se publicó hoy.

El segundo. José Raúl Vega Sánchez, nacido el 19 de octubre de 1956 en Cananea, Sonora, CURP VESR561019HSRGNL09. OFAC lo listaba con domicilios en atención de tres sociedades de Hermosillo: Agrícola Gaxiola, Inmuebles Sierra Vista y Temple del Pitic. La decisión se tomó el 16 de septiembre. También se publicó hoy.

De dónde viene Vega Sánchez. El 5 de agosto de 2008 OFAC designó, bajo la Kingpin Act, a diecisiete personas y catorce empresas. El Tesoro presentó ese bloque como la red de Rigoberto Gaxiola, señalado por esa autoridad como operador del cártel de Sinaloa. Hermosillo y Culiacán. Agrícola, minera, transporte, inmobiliaria, una distribuidora de autos. Vega Sánchez era uno de los diecisiete.

El cálculo propio. Bajamos hoy el archivo SDN.CSV completo, 19,457 registros, y buscamos uno por uno los treinta y un nombres de aquel acto de 2008. Resultado: las catorce empresas siguen bloqueadas, las catorce. De las diecisiete personas, trece siguen bloqueadas. Cuatro ya no aparecen. Las cuatro tenían domicilio en Hermosillo.

El detalle que ordena todo. Vega Sánchez salió de la lista. Agrícola Gaxiola, con identificador 11009, sigue adentro. Inmuebles Sierra Vista, 10998, sigue adentro. Temple del Pitic, 11005, sigue adentro. Las tres sociedades que el propio Tesoro usaba como domicilio de contacto de ese hombre siguen bloqueadas hoy. El hombre no.

La aritmética del tiempo. Del 5 de agosto de 2008 al 16 de septiembre de 2026 hay 6,616 días. Dieciocho años y cuarenta y dos días con los activos bloqueados en Estados Unidos. Y la publicación del desbloqueo tardó otros 34 días en aparecer en el diario oficial.

Qué NO dice el documento. El aviso no explica por qué salieron. No dice si hubo petición de retiro, si hubo acuerdo, si hubo error de identificación o si se acreditó un cambio de circunstancias. No dice quién lo pidió ni quién lo resolvió. El Federal Register solo publica el resultado.

Un juez ordenó dejar sin efectos el permiso ambiental de la terminal de gas de Guaymas. La autoridad lo había otorgado con la suspensión judicial encima.

En palabras simples. Un juez paró un trámite. La autoridad ambiental siguió adelante de todos modos y otorgó el permiso. Cuando el juez se enteró, ordenó borrar el permiso y dio veinticuatro horas para acreditarlo.

La secuencia. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que litiga el caso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente otorgó en mayo la autorización de impacto ambiental del proyecto de licuefacción y almacenamiento en Guaymas, Sonora, con dos suspensiones judiciales vigentes. El 13 de octubre el juzgado resolvió el incidente de incumplimiento y ordenó dejar sin efectos esa autorización. La resolución se notificó el 14 de octubre.

Lo que dijo la Presidencia. El 17 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum descartó daño ambiental por el proyecto. Ese mismo día las obras seguían frenadas por las dos suspensiones. La titular de Semarnat es Alicia Bárcena.

Por qué le importa a un founder. Un proyecto de exportación de gas natural licuado se financia con contratos de largo plazo y deuda colocada fuera de México. Un permiso anulado por desacato no es un trámite: es un evento que se revela a acreedores e inversionistas. El riesgo regulatorio mexicano deja de ser abstracto cuando queda por escrito en una resolución judicial.

El mismo acto que vació una casilla en Culiacán llenó dos en Tlalnepantla y Toluca.

El acto completo. La acción de OFAC del 30 de septiembre tuvo dos caras. Por un lado dio de baja a Patraca y a otros cuatro registros de Bielorrusia y Libia. Por el otro dio de alta once registros vinculados al Tren de Aragúa, bajo las etiquetas de terrorismo global y organización criminal transnacional.

Las dos sociedades mexicanas. ENIGMA COMMUNITY, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Y SOLUCIONES INTEGRALES TOLUCA, S.A. de C.V., con domicilio en Toluca. OFAC las vinculó a Oscar Leonardo Martínez Pirona y a Alejandro Mejía Castillo, respectivamente. Cuatro de las nueve personas del acto tienen domicilio en México.

El cruce que nadie hizo. La prensa mexicana cubrió las altas el 30 de septiembre. No cubrió la baja del mismo documento. Y el aviso formal de ambas cosas apareció hasta hoy en el Federal Register. Un solo acto administrativo movió la geografía de la lista: salió Sinaloa, entró el valle de Toluca.

La lista negra no es permanente. Se vence cada año y hay que firmarla de nuevo.

La pieza que casi nadie conoce. Las designaciones de narcotráfico de Estados Unidos no flotan solas. Cuelgan de emergencias nacionales declaradas por orden ejecutiva. Y una emergencia nacional, por ley, caduca al año si el presidente no publica un aviso de continuación. Lo manda el inciso d del artículo 1622 del título 50 del código de Estados Unidos.

Lo que se publicó ayer. El 19 de octubre apareció en el Federal Register el aviso 2026-21430: continúa por un año la emergencia nacional de la Orden Ejecutiva 12978, firmada el 21 de octubre de 1995. El texto dice que la amenaza de esos traficantes debe seguir atendida más allá del 21 de octubre de 2026. El aviso está fechado el 15 de octubre. Llegó con dos días de margen sobre el vencimiento.

El tamaño de lo que sostiene. Bajamos hoy la lista completa. Son 19,457 registros. En el programa SDNTK, el de la Kingpin Act y las órdenes de narcotráfico clásicas, hay 1,332 registros. En el programa de la Orden Ejecutiva 14059, el instrumento moderno, hay 475. Son dos bases legales distintas con dos relojes distintos.

Por qué importa en México. Cada vez que México discute una designación, la discute como si fuera definitiva. No lo es. Tiene fecha de caducidad anual y una puerta de salida administrativa. Ayer se vio la renovación. Hoy se vio la salida. En cuarenta y ocho horas se vieron las dos.

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Lo que hicimos hoy, paso a paso. Bajamos un archivo público del Tesoro de Estados Unidos. Lo abrimos. Buscamos treinta y un nombres. Contamos cuántos seguían y cuántos no. Esa operación produjo una nota que ningún medio tenía. No hizo falta una fuente anónima ni una filtración.

Eso es lo que enseño. No a redactar correos más bonitos. A tomar un archivo público, cruzarlo con otro y sacar una conclusión que se sostiene sola. Es la misma habilidad si vendes tacos, si llevas un despacho o si levantas capital.

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