Estados Unidos pide a la UIF intervenir al INE, lo demandé hace 26 días a la OFAC.

La UIF va contra la red de proveedores del INE. Es la misma red que puse ante la OFAC el 23 de septiembre.

Lo que investiga la UIF: Una red de siete empresas proveedoras del INE y de institutos electorales locales, por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras. Son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Lo que dice su informe: "El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras".

El cruce con Estados Unidos: La investigación también revisa a empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, la oficina del Tesoro de Estados Unidos que bloquea bienes, que recibieron dinero de alguna de esas firmas.

Quiénes están en la indagatoria: La red la encabezan, según la investigación, los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, ligados a Zeg y a Cajas Graf. Entre los investigados están Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, y Claudia Arlett Espino, ex secretaria ejecutiva. La revisión incluye licitaciones del instituto electoral de Sonora cuando lo presidía Guadalupe Taddei.

El otro chofer: Según la nómina del INE, Luis Alberto Bustamante Canizales cobra 69,890 pesos al mes como "Líder de proyecto" de la Presidencia. Maneja el auto de Taddei y le cocina. La acompaña desde que ella presidía el instituto de Sonora. Los choferes registrados de cuatro consejeros ganan entre 31 y 39 mil pesos.

Lo que digo: Estados Unidos pide a la UIF intervenir al INE. Lo demandé hace 26 días a la OFAC.

El documento que presenté ante la OFAC

Presentación que recomienda revisión para sanciones conforme a la Orden Ejecutiva 13818 y 22 U.S.C. § 10102, y para inelegibilidad de visa conforme a la sección 7031(c)

Ante quién: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y Departamento de Estado. Presentado el 23 de septiembre de 2026, en 100 páginas con anexos.

Qué pido: Que la OFAC, con el Departamento de Estado, abra una revisión bajo la sección 1(a)(ii)(B) de la Orden Ejecutiva 13818, corrupción en contratos de gobierno, y la sección 1(a)(iii), asistencia material. Que el Departamento de Estado revise la inelegibilidad de visa bajo la sección 7031(c). Y que la presentación se considere información creíble bajo 22 U.S.C. § 10102(c)(2).

A quién: Guadalupe Taddei Zavala, Claudia Arlett Espino, Jesús Octavio García González, y las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones.

Lo que ya decía de la UIF: "La Unidad de Inteligencia Financiera congeló a Zeg y a Cajas Graf en 2023 por sospecha de lavado de dinero. Las empresas y sus dueños obtuvieron amparos por razones de procedimiento a mediados de 2024. Ningún tribunal se pronunció sobre la licitud de los fondos."

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Hacienda decidirá dónde se acaba el efectivo. No empieza en 2027: empieza quince días hábiles después de que se publique el decreto.

En palabras simples: Hoy usted puede pagar en efectivo donde quiera. La ley que el Senado aprobó ayer no cambia eso de un día para otro y no prohíbe el billete en todo el país. Hace algo distinto y más grande: crea una facultad. A partir de que el decreto se publique, el titular de la Secretaría de Hacienda podrá identificar sectores y actividades donde el pago digital sea el único medio aceptado.

El hilo, paso por paso: Diputados la aprobó en lo general el 6 de octubre con 330 votos a favor y 122 en contra. El Senado la aprobó ayer. Pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Entra en vigor al día siguiente de publicarse. Desde ahí corren los dos relojes que nadie leyó: Hacienda tiene 15 días hábiles para nombrar los sectores, y las autoridades competentes tienen 15 días hábiles más, contados desde que esa determinación se publique, para emitir reglas y plazos de transición.

La votación, con la diferencia declarada: Expansión y La Jornada reportaron 73 votos a favor y 34 en contra. Proceso reportó 72 a favor y 37 en contra. Publicamos las dos cifras porque las fuentes no coinciden y la versión estenográfica es la que cierra el dato. Lo que no está en duda es el sentido: pasó y pasó sin cambios.

Los números del debate: El PAN sostuvo en tribuna que 85.2 por ciento de las compras cotidianas menores a 500 pesos se pagan en efectivo, y que la comisión de una terminal va de 1.5 a 4.5 por ciento por venta. Morena contestó con el otro lado del tablero: más de 7 mil 300 millones de transferencias SPEI en 2025. En el debate se mencionaron gasolineras y casetas como los primeros sectores candidatos.

Quién votó en contra desde adentro: El senador Ricardo Sheffield, de Morena, votó en contra. Su argumento fue que entregar la facultad a un funcionario designado puede derivar en monopolio o en control de precios, y que el dictamen no se revisó a fondo. Desde la oposición, José Máximo García López del PAN señaló que Hacienda decidirá los sectores obligatorios sin criterios claros. Claudia Anaya, del PRI, planteó un conflicto con la Ley Monetaria. Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, preguntó quién paga la digitalización del changarro.

La válvula de escape: Si una falla técnica o de conectividad impide el pago electrónico, se puede pagar en efectivo o con cheque de forma temporal. El propio texto aclara que esa excepción no puede usarse de manera permanente ni repetida para evadir la obligación. Es decir: la excepción existe y está acotada por quien la vigile.

Lo que viaja pegado: La ley amarra el pago digital a tres piezas de gobierno electrónico: la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles. Las entidades financieras deberán aceptar la CURP Digital para contratación remota. El usuario conserva la opción de identificarse con otro documento oficial.

La Presidenta le pidió al INE explicar sus contratos. Y pidió que entre la Auditoría Superior, aunque dudó de que pueda entrar.

Lo que pasó ayer: En la conferencia del 20 de octubre, la Presidenta dijo sobre el caso de los proveedores de material electoral: «Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso». Anunció que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos, y en la misma respuesta dudó de que la Auditoría tenga facultad para entrar al órgano electoral. También dijo que pedirá a la Secretaría de Gobernación un informe sobre Talleres Gráficos de México desde que empezó su gobierno.

El expediente, en orden: El 28 de junio de 2023 se otorgó a Jonathan Navarrete Torres un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, acta 64225000P0, firmado por quien aparece como representante de la empresa. El 15 de abril de 2025 Navarrete entró como chofer de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026 reportó 45 mil 765 pesos al mes y como experiencia previa el puesto de chofer en Mercedes-Benz. No reportó el poder.

El dato que nadie puso junto: Corporativo Zeg y Cajas Graf se inscribieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023. El poder se otorgó 27 días después. Y Jesús Octavio García González, señalado como representante legal de las dos empresas en 2023, fue director ejecutivo de Administración del INE hasta abril de 2026. Administración es el área que contrata.

Los montos que sí tienen piso: Corporativo Zeg recibió 32 millones de pesos de un instituto electoral en Oaxaca. Cajas Graf recibió 33.9 millones de pesos de un instituto electoral en Chihuahua en 2021. Entre 2018 y 2023, Zeg, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales acumularon más de 43 contratos por más de mil millones de pesos, según una investigación de noviembre de 2023 retomada este mes.

Quién está mirando: Según los reportes publicados, hay cinco instancias con el mismo nombre en el escritorio: la FGR, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera con un congelamiento de cuentas, la Auditoría Superior y un expediente de mayo de 2024 por presuntas prácticas monopólicas. Ninguna ha determinado responsabilidad.

La Presidencia le pidió a la FGR informar sobre el exdirector de PMI. PMI es el brazo por donde sale el crudo mexicano al mundo.

Qué es PMI, en una línea: PMI Comercio Internacional es el brazo comercializador de Pemex en el extranjero. Por ahí pasa la venta del crudo mexicano y la compra de productos refinados. No es una oficina secundaria: es la caja por donde entra y sale el dinero del petróleo.

Lo del martes: En la conferencia del 20 de octubre, la Presidencia dijo que la Fiscalía General de la República debe informar sobre el caso de José Manuel Carrera Panizzo, exdirector de PMI Comercio Internacional. Fue una mención breve y es la primera vez en esta administración que ese nombre se pide desde la tribuna presidencial.

El antecedente, con su etiqueta: Carrera Panizzo fue inhabilitado por diez años en relación con la compra de AgroNitrogenados. Esa es una sanción administrativa, no una condena penal, y es importante decirlo así. Reportes periodísticos de 2019 y 2020 lo ubican como operador de confianza de Emilio Lozoya dentro de Pemex y documentan que defendió públicamente las operaciones de PMI en jurisdicciones de baja tributación.

Por qué esto se lee distinto en Washington: Petróleos Mexicanos presenta reportes anuales en Forma 20-F ante la Securities and Exchange Commission. Eso la coloca dentro del alcance de las disposiciones de libros, registros y controles internos de la Foreign Corrupt Practices Act. La cuestión deja de ser sólo qué se hizo, y pasa a ser cómo se asentó en los libros y quién firmó el control interno.

Ebrard fue al Senado a puerta cerrada. Afuera dijo que lo que más preocupa es automotriz, acero y aluminio.

El hecho: Marcelo Ebrard compareció el 20 de octubre ante el Senado a puerta cerrada, mientras México negocia el arreglo arancelario con Estados Unidos. En declaraciones del mismo día señaló a la industria automotriz, al acero y al aluminio como los sectores que más preocupan ante la falta de acuerdo. La Presidencia dijo ese mismo día que México está «muy cerca» de cerrar.

Por qué importa la puerta: El artículo 76 fracción I de la Constitución le da al Senado la facultad exclusiva de aprobar los tratados internacionales. El mismo cuerpo que tendrá que votar el resultado escuchó el proceso sin versión pública. No es ilegal y no es inusual en una negociación viva. Sí significa que el empresario que va a pagar la cuenta no tiene cómo leerla todavía.

Lo que está en juego, en concreto: Acero y aluminio no se negocian en el T-MEC: se negocian contra la Sección 232 de la ley comercial estadounidense, que es una facultad del Ejecutivo de Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Automotriz se juega en reglas de origen y en contenido regional. Son tres mesas distintas con tres bases legales distintas, y un solo anuncio político las cubre a las tres.

Tres mexicanos fueron presentados en Milwaukee por 840 kilos de cocaína. El barco llevaba bandera de Estados Unidos y eso es lo que da la jurisdicción.

El hecho: El 15 de abril de 2025, autoridades costarricenses interceptaron el My Lisa Too, embarcación con bandera de Estados Unidos, cerca de Quepos, Costa Rica. Aseguraron unos 840 kilogramos de cocaína ocultos en el barco y detuvieron a la tripulación. En mayo de 2025, el Distrito Este de Wisconsin acusó formalmente a tres ciudadanos mexicanos: Miguel Ángel Campos-Barragán, Giovanni Vidrio-López y Eustaquio Espinosa-Hernández.

Lo de esta semana: Fueron extraditados desde Costa Rica. El 19 de octubre tuvieron su audiencia inicial y lectura de cargos ante la jueza de instrucción Nancy Joseph, en Milwaukee, que ordenó prisión preventiva. La DEA anunció el caso el 20 de octubre y lo ubicó dentro de la iniciativa Homeland Security Task Force, creada bajo la Orden Ejecutiva 14159.

El punto que nadie escribió: Wisconsin no tiene costa en el Pacífico. Costa Rica está a cuatro mil kilómetros. Lo que conecta las dos cosas no es la geografía: es la bandera. La Maritime Drug Law Enforcement Act aplica a embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, y un barco abanderado en ese país lo está esté donde esté. El pabellón es territorio.

Google te enseña a usar la inteligencia artificial. Yo te enseño a ganar dinero con ella.

Qué vas a poder hacer: Bajar un decreto, leer los transitorios, contar los días hábiles y publicar el resultado antes que nadie. Eso es lo que hicimos hoy con la Ley de Economía Digital y es lo que se enseña paso a paso.

Para quién es: Para el fundador que quiere dejar de pagar por información que puede producir, y para el profesional que quiere cobrar por producirla. No se necesita saber programar.