Morena y su escuela de candidatos: la estrategia para derrotar al Partido Republicano en Estados Unidos.

Morena habla de injerencia extranjera y usa a cientos de extranjeros para formar a sus candidatos. La denuncia ya está en el Departamento de Justicia.

Lo que digo: El partido mexicano Morena que habla de injerencia extranjera y que por ello encarcela a mexicanos por traición a la patria, usa cientos de extranjeros en México, incluyendo chinos y africanos, para ideologizar a los mexicanos, a los estadounidenses y aliarse a los demócratas.

Aquí la denuncia y toda la investigación que se presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para responsabilizarlos penalmente y bloquearles todos sus fondos.

La base: 216,288 registros de la escuela de cuadros de Morena, de marzo de 2023 a enero de 2026. Son 116,752 personas. De 165,595 registros de asistentes, solo 12,006 marcan al menos una sesión: 7 de cada 100. La formación de Morena, medida con sus propios datos, es sobre todo una inscripción.

La caseta: Para ser candidato de Morena en 2027 hay que pasar por esa escuela. La convocatoria del 6 de octubre pide haber cursado "al menos una actividad de formación ética y política organizada por el INFP". La preside desde 2018 Rafael Barajas, "El Fisgón". El 8 de octubre capacitó a los 17 coordinadores de las gubernaturas de 2027. Para 2027 el INE le asignó a Morena 3,604.9 millones de pesos.

Los extranjeros: La escuela tiene 1,657 matrículas de extranjeros. En enero de 2026 inscribió a 724 en un solo mes.

He apelado la exoneración de Francisco Garduño. 40 migrantes murieron encerrados en una estación del INM.

Lo que digo: He apelado la exoneración de Francisco Garduño por el incendio en la instalación del INM que dejó 40 muertos.

Lo que pasó: El 27 de marzo de 2023 se incendió la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez. Murieron 40 migrantes que estaban encerrados. Diez acusados enfrentan cargos por homicidio de 40 personas y lesiones graves a 20. A Garduño, entonces titular del INM, solo lo acusaron de ejercicio indebido del servicio público.

La exoneración: En octubre, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón dio por cumplidas las condiciones impuestas a Garduño y extinguió la acción penal en su contra.

Lo que no se cumplió: Las organizaciones que representan a diez familias de víctimas y a diez sobrevivientes también apelaron el 20 de octubre. Dicen que no se creó el fideicomiso para la reparación, que los sobrevivientes no tienen atención médica y que la disculpa pública de septiembre de 2025 fue rechazada.

Taddei: "Jamás fue mi chofer". Del otro dice que es su "asistente especializado".

Lo que dijo: En un mensaje a medios, sin preguntas, Guadalupe Taddei reconoció que Jonathan Navarrete Torres sí estaba en la nómina: "Jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a Presidencia, pero nunca ha sido ni fue ni será mi chofer porque ya no labora aquí". Su declaración patrimonial decía que su función era "transportar de manera segura y eficiente" a la presidenta.

El otro chofer: De Luis Alberto Bustamante, que cobra casi 70 mil pesos como líder de proyecto, dijo: "Es mi chofer, yo prefiero llamarle mi asistente especializado".

El proveedor: Según fuentes del organismo, Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, a quien la UIF investiga, coinciden en reuniones privadas y sociales. Según videos difundidos, él estuvo en la fiesta de los 62 años de Taddei, el 26 de junio de 2025. Taddei dijo que no tiene "empresas favoritas".

La auditoría: La ASF documentó que en un contrato de 63.2 millones de pesos para material de capacitación electoral, la empresa Comercializadora JVLY transfirió todo el dinero a nueve empresas y una persona sin relación con el servicio. Emitió un pliego de observaciones por 63.2 millones.

El IMSS le puso tope a la Modalidad 40. Quien quería subir su pensión antes de retirarse ya no puede cotizar hasta 25 UMA.

Qué es: La Modalidad 40 permite seguir pagando al IMSS por cuenta propia después de dejar de trabajar. Muchos la usaban para subir su salario de cotización en los últimos años y salir con una pensión más alta.

Qué cambió: Para las nuevas inscripciones, el salario para cotizar ya no puede pasar del último salario registrado más una UMA, y no puede ser menor al mínimo. Antes el tope era de 25 UMA. Ya no hay pagos retroactivos: se cotiza desde la fecha de la solicitud. Y el trámite es solo digital.

La cuenta: Con un último salario de 500 pesos diarios, antes se podía cotizar hasta 2,932 pesos diarios. Ahora el máximo es 617. El techo cae 79 por ciento.

A quién le pega: A quienes cotizan bajo la Ley de 1973, es decir, quienes empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997. Sobre todo a quienes están cerca de los 60 años y planeaban subir su cotización, y a quienes registraron salarios bajos y pensaban aportar con sus ahorros.

Quién se salva: Quienes ya están inscritos conservan sus condiciones hasta que termine el periodo contratado. Las semanas cotizadas no se borran.

Lo que no dice el IMSS: El acuerdo se presenta como temporal, con una revisión "en los próximos meses", pero no tiene fecha de fin.

A 12 días de votar, los hispanos se inclinan 52 a 48 por los republicanos. En el total, los demócratas van arriba por 7.4 puntos.

El Senado hoy: 53 republicanos y 47 demócratas, contando a dos independientes que votan con los demócratas. La mayoría es de 51.

Los hispanos: En la encuesta de ActiVote del 15 al 21 de octubre, 52 por ciento de los votantes latinos se inclina por los republicanos y 48 por ciento por los demócratas.

El total: En la misma encuesta, los demócratas tienen 53.7 por ciento y los republicanos 46.3 por ciento: 7.4 puntos de ventaja demócrata en la boleta genérica.

Mi pronóstico: Senado 52 republicanos y 48 demócratas. Cámara de Representantes, entre 228 y 232 demócratas.

La FGR llevó el caso Maduro al Altiplano para encerrar a un exfiscal mexicano. Cuatro días del arresto a la celda.

El problema, en palabras simples: Un exfiscal mexicano está en una cárcel de máxima seguridad acusado del delito más grave que tiene el Código Penal Federal. No por robar. No por proteger a nadie. Por haber dejado que agentes de Estados Unidos estuvieran en un operativo contra un laboratorio de drogas en su propio estado.

Lo que pasó el miércoles: A las cinco de la mañana del 21 de octubre terminó la audiencia inicial en los juzgados del penal del Altiplano. El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes dictó prisión preventiva contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por traición a la patria. Es la causa 408/2026. La audiencia se cerró parcialmente al público por razones de seguridad nacional.

La línea de tiempo, cuatro días: Sábado 17 de octubre, detenido con una orden del fuero local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Domingo 18 por la noche, la FGR ejecuta una orden federal de aprehensión por traición. Lunes 19, ingresa al Altiplano. Miércoles 21 a las cinco de la mañana, prisión preventiva. Del arresto a la celda con prisión preventiva pasaron cuatro días.

El argumento de la FGR, y aquí está la noticia: Según la defensa, la Fiscalía comparó el operativo con la acción de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, y sostuvo que permitir actuaciones similares en territorio mexicano pondría al país en riesgo grave. Ese es el encuadre: la cooperación con agentes estadounidenses se argumentó en tribunal como la antesala de una captura en suelo propio.

El operativo: El 19 de abril de 2026, en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, un convoy de cinco unidades regresaba de un operativo contra un narcolaboratorio. Un vehículo cayó a un barranco y se incendió. Murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses, Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 44, y dos funcionarios mexicanos, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes. Jáuregui renunció el 27 de abril.

Lo que la Fiscalía estatal documentó: El 18 de octubre presentó reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización satelital. Johnston se hospedó en la capital de Chihuahua en octubre de 2025, regresó entre el 21 y el 31 de enero de 2026, y tuvo una reservación de auto vigente del 14 al 20 de abril de 2026. La geolocalización muestra estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde opera el C4. Eso adelanta la presencia estadounidense en el estado de abril de 2026 a octubre de 2025.

Lo que dice el imputado: Niega haber autorizado la participación de los agentes. Afirma que no existe orden ni mensaje que lo vincule con esa decisión, y que las más de cuarenta declaraciones y los datos de geolocalización no muestran referencia directa a su participación. Su abogado sostiene que no hay prueba de que los agentes fueran de la CIA. Conserva la presunción de inocencia.

El detalle que nadie subrayó: La jueza que firmó la orden de aprehensión, Mariana Vieyra Valdés, renunció poco antes de la audiencia inicial. La orden sigue en pie y la dictó otro juzgador. El hecho es la renuncia; el motivo no está publicado y no se afirma aquí.

El mismo día, en Palacio Nacional: En la conferencia matutina del 21 de octubre, la Presidenta llamó "aliado" al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y le acreditó haber ayudado a levantar una restricción sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El mismo día en que su Fiscalía sostuvo en tribunal que dejar entrar agentes de ese país abre la puerta a una captura como la de Maduro.

Los dos números que importan: La traición a la patria del artículo 123 del Código Penal Federal se castiga con hasta cuarenta años de prisión. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más por conspiración de importación de narcóticos y delitos de armas, con un mínimo obligatorio de cuarenta años. Cuarenta años por dejar entrar a Estados Unidos. Cuarenta años por lo que Estados Unidos dice que dejaron entrar. Todos conservan la presunción de inocencia.

Pemex bajó su deuda más de 20 mil millones de dólares y llevó más de 10 mil casos de huachicol a la FGR. El informe no dice quién se quedó con lo robado.

El problema, en palabras simples: Pemex debe menos que antes y refina más que antes. Las dos cosas son buenas noticias. La pregunta que el informe no contesta es cómo bajó esa deuda y quién la está pagando.

Los números presentados: La deuda de Pemex cayó más de 20 mil millones de dólares y quedó en su nivel más bajo desde 2014. La refinación subió 81 por ciento. La producción petrolera se presentó 80 por ciento arriba respecto de 2018. La inversión proyectada es de 1.8 billones de pesos hacia 2030. Desde Palacio Nacional se dijo que Hacienda disminuirá su apoyo a la empresa en 2027.

El hilo que une las dos cifras: Una empresa productiva del Estado baja su deuda por tres vías: genera más caja, refinancia a plazos más largos, o recibe transferencias del gobierno que usa para amortizar. El informe presentó la primera y anunció que la tercera se reducirá el año entrante. No desglosó cuánto de la baja corresponde a cada vía. Sin ese desglose, una deuda que baja y un apoyo fiscal que se retira al mismo tiempo son dos anuncios que se contradicen.

Lo que sí es un hecho nuevo: En la misma conferencia se informó que Pemex presentó ante la Fiscalía General de la República más de 10 mil casos de huachicol, y se reportaron decenas de detenidos por huachicol fiscal. Diez mil casos es un volumen que no se produce por oportunismo individual: es una operación con logística, con transporte y con compradores.

Lo que falta en el anuncio: Diez mil casos presentados no es diez mil carpetas judicializadas, y no es un peso recuperado. El informe no publicó cuántas de esas presentaciones derivaron en carpeta de investigación, cuántas en imputación, ni el monto del quebranto. La cifra de litros tampoco se presentó con desglose.

Por qué esto se lee distinto en Washington: Pemex presenta reportes anuales en Forma 20-F ante la Securities and Exchange Commission bajo el CIK 0000932782. Eso la coloca dentro del alcance de las disposiciones de libros, registros y controles internos de la Foreign Corrupt Practices Act. Un robo de combustible de ese volumen no es solo un delito mexicano: es una pregunta sobre si los controles internos de un emisor registrado en Estados Unidos funcionan y si lo reportado refleja la realidad.

La Bolsa rompió los 70 mil puntos el mismo día que el peso tocó su peor nivel en más de un año. Las dos cosas son ciertas y miden cosas distintas.

El problema, en palabras simples: El miércoles la Bolsa mexicana tuvo un buen día y la moneda mexicana tuvo uno malo. Suena contradictorio y no lo es. La Bolsa mide lo que valen unas cuantas empresas grandes. El tipo de cambio mide lo que el mundo cobra por prestarle confianza al país.

Los cierres: El S&P/BMV IPC cerró en 70,249.54 puntos, con alza de 1.43 por ciento, equivalente a 990.96 unidades, su mayor nivel desde principios de abril. El peso cerró en 18.68 por dólar, con caída de 1.40 por ciento, en un rango de 18.38 a 18.72 durante la sesión. En Nueva York, el Dow subió 0.69 por ciento a 52,856.09, el S&P 500 0.58 por ciento a 7,757.17 y el Nasdaq 1.05 por ciento a 26,702.86.

La razón que dio el mercado: Monex atribuyó la presión sobre el peso al avance lento de la negociación del T-MEC y a un dólar más fuerte durante la sesión, y notó que el índice DXY terminó sin cambio respecto del cierre anterior. Es decir: si el dólar no se movió contra el resto del mundo y el peso sí se movió contra el dólar, lo que se movió fue el riesgo México, no el dólar.

El dato que ordena los dos: El IPC lo empujó América Móvil. Una emisora grande puede levantar el índice completo. El tipo de cambio no tiene emisora que lo levante: lo fija la demanda agregada de pesos contra dólares. Por eso, cuando hay que elegir qué indicador leer para saber cómo va la negociación comercial, el bueno es el segundo.

Lo que esto significa para quien factura en dólares: Un peso en 18.68 contra una proyección de cierre de año de 18.20 que la encuesta de mercado publicaba hace un par de días significa que el consenso ya se quedó corto. Para un founder que importa insumos, el costo subió esta semana. Para quien exporta, mejoró. La mezcla mexicana de exportación cerró en 99.60 dólares por barril, y ahí el peso débil le ayuda al presupuesto público, que cobra en dólares y gasta en pesos.

El Federal Register publicó el 20 de octubre las designaciones que el Tesoro firmó el 13. Y en la misma fecha desbloqueó un registro de Hermosillo.

El problema, en palabras simples: Cuando el Tesoro de Estados Unidos bloquea los bienes de una empresa, la decisión se toma un día y se publica en el diario oficial estadounidense otro día. En medio hay una ventana. En esa ventana la empresa ya está bloqueada pero el mundo todavía no lo sabe por la vía formal.

Qué se publicó el 20 de octubre: El aviso 91 FR 66393 formalizó la incorporación a la lista de bloqueo de cuatro personas físicas y once empresas, todas con nacionalidad o ubicación en México, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León. El bloqueo se sustenta en la Orden Ejecutiva 14059, comercio ilícito de drogas, sección 2(a)(i), y la mayoría de los registros cita además la Orden Ejecutiva 13224 según enmienda por la 13886, con etiqueta SDGT.

El cálculo del rezago: La determinación es del 13 de octubre. La publicación es del 20. Son siete días de rezago entre el acto de autoridad y el aviso oficial. Para un banco mexicano que depende del aviso publicado para actualizar su control interno, esos siete días son operación expuesta.

Lo que se fue en la misma fecha: El aviso 91 FR 66402 hizo lo contrario: retiró registros de la lista y desbloqueó sus bienes. Entre ellos, por determinación del 16 de septiembre de 2026, José Raúl Vega Sánchez, con domicilios asociados en Hermosillo, Sonora, bajo el programa SDNTK. El mismo aviso recoge determinaciones del 3, 16, 17, 23 y 30 de septiembre y del 8 de octubre, de programas de Rusia, Bielorrusia, Congo, Libia e Irán.

El punto que importa para México: La lista no es permanente ni automática en ninguna dirección. Se entra por determinación y se sale por determinación, y las dos cosas se publican con rezago. Quien hace due diligence contra la lista descargada de hace una semana está trabajando con una foto vieja en los dos sentidos: puede bloquear a alguien ya liberado y puede pagarle a alguien ya bloqueado.

México espera que Estados Unidos conteste sobre acero, aluminio y autos antes de que acabe el año. La fecha la puso México, no Washington.

El problema, en palabras simples: México paga aranceles de Estados Unidos sobre acero, aluminio y vehículos. Quiere que bajen. Dice que espera la respuesta antes de que termine el año. Una expectativa no es un calendario acordado.

Qué se dijo: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que México espera la respuesta de Estados Unidos sobre la reducción de aranceles antes de terminar 2026 y que la intención es cerrar la revisión del tratado este año. Los tres sectores que señaló son automotriz, acero y aluminio. También afirmó que el tratado seguirá vigente.

El hilo lógico: Una revisión de tratado y una negociación de aranceles son dos mesas distintas que México está intentando resolver como una. Los aranceles al acero y al aluminio no se impusieron bajo el tratado: se impusieron por la vía de seguridad nacional del derecho comercial estadounidense. Eso significa que bajarlos no depende de la revisión del tratado, depende de una decisión ejecutiva en Washington. Pedir las dos cosas en el mismo paquete le da a la otra parte dos palancas y a México una sola fecha.

Quién decide del lado mexicano: El resultado de la revisión tendrá que pasar por el Senado de la República. El secretario compareció ante los senadores a puerta cerrada esta semana. Es decir: el órgano que debe aprobar el resultado está siendo informado sin versión pública.

El costo medible: El miércoles el peso cayó 1.40 por ciento y la casa de bolsa lo atribuyó al avance lento de esta negociación. Ese es el precio diario de una fecha abierta, y lo pagan los importadores antes de que haya un resultado.

Anunciaron que la Federación paga la planta de agua de Guadalajara. No dijeron cuánto, ni de dónde sale el dinero.

El problema, en palabras simples: Guadalajara tiene un problema de agua. El gobierno federal dijo que va a pagar la obra. En la misma conferencia dijo que todavía está buscando de dónde sacar el dinero sin endeudarse. Un compromiso sin fuente de pago es un anuncio, no un presupuesto.

Lo que se dijo: Desde Palacio Nacional se informó que el gobierno federal aportará los recursos para el proyecto hídrico y la planta potabilizadora en Jalisco, que la reunión con el gobierno estatal estaba programada para el día siguiente y que se seguían buscando fuentes de financiamiento para evitar deuda. El gobernador Pablo Lemus acudió a Palacio Nacional y agradeció la inversión federal.

Lo que no se publicó: El monto. La cifra que circuló en la cobertura del día aparece en algunas versiones como trece millones de pesos, una magnitud que no corresponde a una planta potabilizadora metropolitana. Mientras no haya cifra oficial desglosada, aquí no se publica ninguna. No hay cifra sin fuente.

Por qué importa el papel y no el anuncio: Una obra federal se vuelve obligatoria cuando aparece en el Presupuesto de Egresos con clave de proyecto, o cuando se firma un convenio de coordinación con monto y calendario. Hasta entonces, lo que existe es una intención expresada en una conferencia. Esa distinción es la que separa un anuncio de un derecho exigible para los habitantes de Guadalajara.

El antecedente inmediato: El 17 de octubre fueron quemadas las puertas del Congreso de Jalisco en una protesta por agua sucia, y cinco personas fueron detenidas con presunción de inocencia. Cuatro días después hay un anuncio federal sin monto. La secuencia es un hecho; la relación causal no se afirma aquí.

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